Junio, 2021. – Como resultado del gran trabajo que se viene realizando para la adaptación del cambio climático, Profonanpe, el fondo ambiental del Perú, recibió una nueva acreditación como una Entidad Nacional de Implementación (NIE) ante el Fondo de Adaptación, organización internacional que financia proyectos y programas para ayudar a países en desarrollo a adaptarse a los efectos nocivos del cambio climático.
Con este reconocimiento, decidido por la Junta del Fondo de Adaptación, Profonanpe podrá recibir hasta 10 millones de dólares adicionales para financiar proyectos enfocados a esta problemática y, con ello, continuar trabajando de la mano del Ministerio de Ambiente en el objetivo de cumplir con el compromiso del Perú de reducir un 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
“Esta importante acreditación es una validación de que nuestros procesos están internacionalmente aprobados por el Fondo de Adaptación. Es un reconocimiento al enorme esfuerzo que estamos realizando por ser ese aliado de las personas, el Estado, de la empresa privada y las organizaciones en cumplimiento a la agenda ambiental que tiene el país, en este caso, en términos de cambio climático”, destacó Anton Willems, CEO de Profonanpe.
En 2013, Profonanpe logró su primera acreditación ante el Fondo de Adaptación y recibió este importante financiamiento con el que, en 2018, empezó a ejecutar el proyecto de “Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías” junto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).
Este proyecto se centra en reducir directamente las vulnerabilidades generadas por el cambio climático de 500 pescadores en las caletas de Máncora-Piura, El Ñuro, Los Órganos y Cabo Blanco en el norte, y de 200 pescadores en las caletas de Végueta y Carquín y el puerto pesquero de Huacho-Lima en el sur; al mismo tiempo, esto beneficiará de forma indirecta a miles de personas más.
“Estamos apostando por invertir la mayor cantidad de esfuerzos para ser esa organización que está trabajando codo a codo con el Estado Peruano para poder sacar adelante y llegar a alcanzar las metas que el país se ha propuesto en términos de cambio climático. Es importante recordar que Profonanpe es el mecanismo financiero para estos temas y ser una organización nacional da, a nivel global, señales de que el Perú tiene organizaciones sólidas”, remarcó Willems.
Esta acreditación tiene una validez hasta junio del 2026, fecha en la que se deberá solicitar una nueva con el objetivo de continuar trabajando en la adaptación del cambio climático y en la promoción de la implementación de la agenda ambiental en el Perú.
Dato:
- Esta acreditación se suma a la que ya cuenta con el Fondo Verde para el Clima, (GCF por sus siglas en inglés), organización que ayuda a países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos en el marco del Acuerdo de París.
Sobre Profonanpe:
Profonanpe se ha consolidado como el fondo ambiental privado más importante del Perú. Desde su fundación se ha caracterizado por ser una institución especializada en crear, desarrollar e implementar procesos innovadores en la gestión técnica administrativa y de fondos, y de articular con todos los actores públicos y privados que trabajan en favor de la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático.
Sobre el Fondo de Adaptación:
El Fondo de Adaptación o Adaptation Fund, en inglés, es una organización que financia proyectos y programas que ayudan a las comunidades vulnerables de los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático. Desde 2010, el Fondo de Adaptación ha comprometido 833 millones de dólares de los EE.UU. para proyectos y programas hasta la fecha, incluidos 121 proyectos concretos, en casi 100 países. El Fondo es financiado en gran parte por donantes gubernamentales y privados, y también con una participación del dos por ciento de los ingresos de las reducciones certificadas de emisiones emitidas en el marco de los proyectos del Protocolo de Kioto.
