Autoridades ambientales y agrícolas (a nivel técnico y político); sector agrícola, especialmente pequeñas y medianas empresas y productores agrícolas, empresas privadas y sus asociaciones y redes profesionales en otros sectores; comunidades en situación de vulnerabilidad (hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores), organizaciones conservacionistas y otras vinculadas a estas comunidades; apicultores independientes y asociados; público en general (habitantes rurales y urbanos).