La Junta de Administración del Mecanismo Financiero de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) aprobó este jueves 6 de marzo su Plan Operativo Anual de 2025. De esta manera,la DCI, liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam) y ejecutada por Profonanpe, busca contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la deforestación en la Amazonía peruana.
Durante 2024, el Mecanismo Financiero superó la meta de bosques bajo medidas de mitigación, alcanzando más de 4,6 millones de hectáreas (105% de cumplimiento). Esto fue posible mediante la gestión efectiva de áreas naturales protegidas (ANP) y áreas de conservación regional (ACR), sistemas agroforestales y manejo forestal comunitario.
Además se logró implementar el 95% de las condiciones habilitantes implementadas en el marco de la DCI. El proyecto logró vigilar de manera efectiva las hectáreas del patrimonio forestal en regiones priorizadas (98%). Asimismo, en cuanto a la implementación de las Mesas Regionales de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre se avanzó en un 89% (frente al 40% planificado). En esa línea, la DCI apoyó en la implementación de las Unidades de Monitoreo Satelital Regional (UMSR) con un avance del 86%.
Con la aprobación del Plan Operativo Anual 2025 con saldos, se da continuidad a las acciones estratégicas descritas en el compromiso del Plan Operativo Global 2024-2025. Esto permitirá contribuir a la meta de lograr cinco millones de hectáreas de bosque de la Amazonía peruana bajo medidas de mitigación, contribuyendo con el 39% de la meta establecida en el Plan de Implementación de la fase 2 actualizado para el periodo 2021 – 2025.
Objetivo común: reducir la deforestación en la Amazonía
Para lograr estos objetivos, se continuará fortaleciendo la institucionalidad ambiental, la seguridad jurídica y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, fundamentales para para una gestión sostenible de los bosques amazónicos.
La reunión contó con participación de actores claves, como representantes del Ministerio del Ambiente, la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad), el Ministerio de Cultura (Mincul), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), así como organizaciones indígenas como Aidesep, Conap y Anecap, y de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA).
«Todo este proceso contribuye al objetivo común de reducir la deforestación en la Amazonía peruana mediante la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), compromisos que tiene cada uno de los distintos sectores representantes del Acuerdo de nuestro país. En el Perú, los hemos denominado como nuestro desafío climático«, mencionó Raquel Soto, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (Minam), quien presidió la sesión.
Alianza internacional para la conservación de los bosques
El acuerdo de cooperación entre Perú, Noruega y Alemania, denominado Declaración Conjunta de Intención (DCI), fue suscrito en 2014 y ampliado en 2021 con la incorporación del Reino Unido y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), esta última en calidad de observador.
En noviembre de 2022, durante la COP27, Noruega y Profonanpe firmaron el Acuerdo de Contribución entre Perú para la gestión de $ 10 millones, destinados al financiamiento de acciones prioritarias dentro del Plan de Implementación de la Fase 2 de la DCI, al actualizado 2021-2025, cuyo costo total asciende aproximadamente de $ 50 millones.
Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de Perú y sus aliados internacionales en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que garantice la conservación de la Amazonía y el bienestar de sus comunidades.
Foto: Profonanpe
Acciones en seis regiones de la Amazonía
DCI actúa en seis regiones Amazónicas: Loreto, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. De esta manera, cubre 608 comunidades (entre nativas, campesinas y localidades), con lo que -se estima- beneficia a más de 75,000 personas.
A través de este mecanismo financiero se propone apoyar los sistemas agroforestales; promover el manejo forestal comunitario; gestionar de manera efectiva las áreas naturales protegidas; facilitar la titulación de comunidades nativas; reducir las actividades ilegales, incentivar la zonificación forestal y fomentar la gestión del conocimiento.
